Dado que la Unión Europea está fundada en la economía de mercado la entrada de cualquier nación en dicha unión supondrá la aceptación de determinadas reglas del juego. Que son principalmente las privatizaciones y las liberalizaciones de todos los mercados.
El artículo 81 del Tratado de Roma que fundó la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) impone el sometimiento de las economías nacionales al interés del "mercado común": "Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común”.
El capital privado necesita constantemente nuevos mercados al agotarse los que ya tiene controlados conforme sobrevienen las crisis de la economía de mercado. Es por eso que necesita desmantelar los monopolios estatales sobre determinados servicios públicos que anteriormente por propia conveniencia necesitaba tener garantizados. Ya que el propio capital privado desconfía de que ciertos servicios públicos que necesita para funcionar fuesen prestados de forma eficiente, económica y universal por la "iniciativa privada".
Pero la evolución de las crisis capitalistas cada vez más profundas crean estas contradicciones. El capital necesita que se privatice todo para poder hacerse con él y conquistar nuevos mercados para tener así algo nuevo que vender.
Y eso es lo que pasa con la otrora Dirección General de Correos y Telégrafos. De tener el monopolio "de la admisión, curso y entrega de la correspondencia a nivel nacional" según establecía la Ley de 1953 de reorganización del Correo y desde la entrada en la C.E.E. la hoy Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha ido perdiendo el monopolio sobre los servicios postales impuestos como Servicio Postal Universal. Esa cada vez mayor cuota del mercado postal ha sido liberalizada para ser conquistada por grandes grupos europeos como la alemana Deustche Post (dueña del 40% de Unipost y el 100% de DHL Iberia) o La Poste francesa (con un 26% de Seur).
Las consecuencias de las privatizaciones ya las estamos comprobando los empleados de Correos y el pueblo trabajador que recibe un pésimo servicio postal como consecuencia de la reducción de plantilla y las condiciones laborales que se van igualando al de los trabajadores del resto de los operadores postales.
Dicho fenómeno se repite en toda la Unión Europea. Por ejemplo en Alemania el 62% de esos empleos son mini-jobs (sueldos de 400 euros o 5 euros por hora en algunos servicios), por encima de sectores como la limpieza o la hostelería. En general en Europa el salario se ha reducido en torno a un 30%. En España los salarios han caído hasta el 50% tras el inicio de esta última crisis.
Porque los que competimos a la baja con nuestras condiciones de vida somos los trabajadores de todas las empresas. Los directivos y accionistas se ponen bien de acuerdo en repartirse el pastel que supone el mercado postal. Ese pastel viene además acompañado de tarifas que suben exponencialmente. En algunos países, como Austria, el precio de los sellos ha llegado a subir el 90%. Y en otros, como Bélgica, el precio de algunos tipos de envíos ha subido el 200%. En España el precio de los sellos para el envío nacional de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso han subido un 20% tan sólo en cuatro años. Desde los 36 a los 45 céntimos.
Hay un escandaloso robo del patrimonio común en las privatizaciones pero también en la propia economía de mercado. Entre lo que facturan las empresas y los salarios de los empleados que producen los bienes y servicios que se venden: ahí están las ganancias de los accionistas y ahí está el robo legal con el que deberíamos acabar.
Hay un escandaloso robo del patrimonio común en las privatizaciones pero también en la propia economía de mercado. Entre lo que facturan las empresas y los salarios de los empleados que producen los bienes y servicios que se venden: ahí están las ganancias de los accionistas y ahí está el robo legal con el que deberíamos acabar.
